Soluciones en la implantación de canales de denuncias
En Organizaciones Públicas o Privadas
Denunciator
En cualquier organización, privada o pública, grande o pequeña, pueden registrarse actividades ilícitas y abuso de derecho, que pueden adoptar formas diversas, como corrupción, fraude, prácticas abusivas de empresas o negligencia, y que si no se resuelven pueden ocasionar graves perjuicios al interés público.
Las personas que trabajan en una organización o están en contacto con ella por razones laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posición privilegiada para informar a quienes pueden abordar el problema.
Los denunciantes, es decir, las personas que informan dentro de la organización o a una autoridad externa sobre actos reprobables conocidos en un contexto laboral, o los revelan al público, ayudan a prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios para el interés público que, de lo contrario, podrían permanecer ocultos.
Canal de denuncias o canal ético
El 16 de febrero de 2023, el Congreso español aprueba la Ley de Protección de Informantes, por la que se transpone la Directiva Whistleblowing:
El 13 de marzo de 2023, la normativa entró en vigor. Las empresas con 250 o más trabajadores disponían de 3 meses para implementar un canal de denuncias. Se estable el 1 de diciembre de 2023, como la fecha límite para que las empresas con 50 o más trabajadores lo implanten.
Objetivo de la Ley
El objetivo de esta ley es garantizar la adecuada protección de aquellas personas que deciden dar el paso y denunciar acciones ilícitas o infractoras dentro de las organizaciones, sean privadas o públicas, y asegurar que no recibirán ningún tipo de represalia tales como despidos, degradación laboral, trabas en el desarrollo profesional, etc.
El artículo 37, por otra parte, recoge una serie de medidas de apoyo específicas para los informantes: asesoramiento integral y gratuito, apoyo financiero y psicológico…
Mediante este objetivo, se busca promover la denuncia interna a través de los canales de denuncia, ayudando a prevenir la comisión de delitos o infracciones dentro de las organizaciones y ahondar en el concepto de cultura ética, en las mismas.
Las sanciones económicas por la no implementación de este tipo de canales pueden llegar hasta 1 millón de euros.
¿Quiénes tienen la obligación de implantar un Canal de denuncias?
En el sector público
La Administración General del Estado, las administraciones regionales y provinciales.
Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública.
Las Corporaciones de Derecho Público.
Universidades públicas.
Las fundaciones del sector público.
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En el sector privado
Personas físicas o jurídicas del sector privado a partir de 50 empleados.
Todas las empresas, independientemente de su número de empleados, en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y del medio ambiente.
Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.